
DERECHO A LA VIVIENDA Y MOVIMIENTOS SOCIALES: EL ALQUILER EN DISPUTA
La aplicación ortodoxa de las políticas de ajuste en los años posteriores a la crisis financiera de 2008 y el seguimiento de las directrices económicas e ideológicas impuestas por la Unión Europea, favorecieron en España el fortalecimiento del extractivismo urbano. Por lo que se refiere al sector inmobiliario, esto supuso una aceleración del proceso de financiarización concretado, entre otros aspectos, en el incremento en la llegada de fondos internacionales de inversión. Este aterrizaje a gran escala de los denominados fondos buitre, en un contexto marcado por la explotación creciente en el ámbito laboral, el deterioro constante de ámbitos clave como la sanidad y la educación pública o el alza de los precios en servicios básicos como la electricidad, ha agravado todavía más la crisis de la vivienda. Así lo atestiguan los cinco dictámenes emitidos desde 2015 a 2021 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que confirman la vulneración del derecho a la vivienda en España.
En esta nueva etapa, y ante la ausencia de otras alternativas, el alquiler privado se ha constituido prácticamente en la única opción posible para amplios sectores sociales. Su peso respecto a otros regímenes de tenencia no ha dejado de aumentar en los últimos años como también lo ha hecho su precio. La escasa oferta respecto a la demanda creciente, las pésimas condiciones de habitabilidad de una parte importante de los inmuebles, una legislación que favorece claramente a los arrendadores frente a los arrendatarios o la venta a los fondos buitre de una parte significativa del escaso patrimonio de vivienda pública en alquiler, entre otros factores, configuran el escenario a afrontar cuando se pretende arrendar una vivienda. No es por ello extraño que cada vez se recurra con más frecuencia al alquiler de habitaciones o que los desahucios por impago del alquiler hayan aumentado hasta superar desde hace unos años a los desahucios por impago de hipoteca.
A partir del análisis de las condiciones que generan la actual crisis de la vivienda en España, y sin perder de vista los efectos que la pandemia del covid-19 ha introducido, detenemos nuestra mirada en la vivienda en alquiler dada su centralidad en esta etapa. El interés se dirige especialmente a las movilizaciones sociales en torno al alquiler, a las organizaciones surgidas, al contenido de sus reivindicaciones (sus propuestas, el modelo residencial y territorial al que se aspira, etc.) y a su capacidad para definir los contenidos de las políticas urbanas y de las herramientas normativas. Se trata no solo de conocer cómo se articulan socio-políticamente los sectores sociales más castigados por la crisis de la vivienda, sino de establecer hasta qué punto su lucha en torno al alquiler se vincula al resto de movilizaciones por el derecho a la vivienda y a otras de diferente naturaleza. El análisis de sus prácticas y propuestas nos permitirá valorar la compatibilidad entre las aspiraciones de estas organizaciones y los principios de la producción social del hábitat. Asimismo, el estudio plantea la reflexión sobre los contenidos de las nuevas políticas de vivienda considerando la urgencia por avanzar hacia un modelo de ciudad, y en un sentido más amplio territorial, que refuerce las estrategias para la transición ecosocial. En ese sentido, se trata de situar en el centro cuestiones como la limitación en la construcción de vivienda nueva, la utilización del patrimonio construido, el freno a la zonificación, la reducción de las necesidades de movilidad o la transformación del modelo energético.